POR: GINA ROMERO GONZÁLEZ
Los maestros y estudiantes del sector oficial apoyan por estos días un nuevo intento por desmontar el régimen de transferencias a departamentos y municipios, que fue aprobado el pasado mes de junio.
La formación de un comité para recoger firmas con las que se presentará un proyecto de referendo al Congreso, es una iniciativa promovida por el partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo, y las centrales sindicales. Al menos 1,34 millones de firmas deben ser recogidas para que el gobierno considere válida la iniciativa y el Congreso pueda tramitar un proyecto de ley.
La aprobación de la “ley de trasferencias” que hizo sus primeros recortes al presupuesto destinado al situado fiscal, con el que se subsidia la salud y la educación en Colombia; tiene al sector de la educación unido en la recolección de firmas en muchas ciudades del país, porque ya están sintiendo las consecuencias de dichos recortes.
Según unas cifras suministradas en por el representante del Polo Democrático Alternativo, Oscar Rodríguez Salazar, Colombia quedaría con 1´685.354 cupos menos en la educación, básica primaria, secundaria y de pregrado para el próximo año; lo cual va en contra vía del derecho fundamental de los niños y jóvenes de acceder a una educación por parte de las instituciones públicas.
La ley de trasferencias justifica estos recortes de presupuesto, con el argumento de disminuir el déficit fiscal, aumentando el porcentaje de abono a la deuda externa y disminuyéndose, por ende, las trasferencias ordinarias y las del situado fiscal.
Para la comunidad estudiantil, este mecanismo es una atropello para la educación en Colombia, sin embargo y si analizamos la inversión del estado en los últimos años a las universidades públicas, comparado con el nivel de deserción estudiantil y adicionándole el número de profesionales egresados de estas instituciones que se encuentran laborando en el exterior, podemos decir que la inversión que está realizando el estado en el talento humano de sus habitantes; no está siendo tan productivo para el país.
Por su parte, las instituciones de básica primaria que en años anteriores, requerían de un pequeño aporte por parte de los estudiantes para su financiación, desde que son completamente gratuitas han aumentado los niveles de deserción estudiantil y ha disminuido la demanda por este servicio.
Con el anterior análisis no quiero decir que las medidas que está implementando el gobierno con la llamada Ley de Trasferencias, sean las adecuadas, porque no lo veo así. A la reflexión que quiero llegar en cuanto a la educación en Colombia, es que en el momento en que el gobierno brindó unas mejores condiciones para la educación, el estudiantado no la supo aprovechar, y el estado al ver que la gran inversión que estaba realizando no se hacía visible en la sociedad colombiana; ha venido recortando poco a poco el presupuesto del sector y por ende el acceso a ésta es cada vez más difícil.
Es muy cierto que el estado tiene la obligación de suministrar educación a sus habitantes, pero también es un deber de los colombianos, aprovechar esa oportunidad de formación académica y posteriormente hacerlo productivo para el país. La academia juega un papel fundamental en el desarrollo económico de una nación, y hay que medir si los rendimientos sociales de los egresados de nuestras universidades están siendo inferiores a la inversión que el estado está haciendo en ellas.
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